Martinelli permanecerá detenido en Panamá, mientras su estado de salud divide opiniones

El expresidente panameño Ricardo Martinelli permanecerá detenido en una cárcel de su país tras ser extraditado por Estados Unidos por un caso de escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014), dijo este el magistrado de Garantías del proceso, Jerónimo Mejia.

Mejía recordó la decisión del pleno de la Corte Suprema del 21 de diciembre de 2015, cuando se ordenó la “detención provisional como medida cautelar personal” de Martinelli ante el “peligro de fuga”, y que la misma no tenía solo fines de extradición como ha interpretado la defensa, explicó el magistrado.

Ante el argumento de la defensa de que el expresidente padece de una condición crónica del corazón, Mejía dijo que “hoy mismo” ordenaría que médicos autorizados lo atiendan en la cárcel El Renacer, donde fue recluido tras llegar al país, reseñó EFE.

Los querellantes y víctimas de las escuchas de las que se acusa a Ricardo Martinelli dijeron que están de acuerdo con que médicos forenses revisen el estado de salud del expresidente.

Mejía dijo que este martes citará al grupo interdisciplinario de médicos que ya le hizo una revisión general a Martinelli a su ingreso al Renacer, luego de llegar al país extraditado de EE.UU., donde estuvo detenido un año.

Si los galenos certifican que “está en una situación de urgencia se autorizará el traslado” de Martinelli a un centro de salud, como solicitó la defensa, lo que no significaría una sustitución de medida cautelar, según explicó el magistrado durante la “diligencia de comunicación de derechos”, que comenzó este lunes con una hora de retraso y se prolongó durante casi tres.

Sencillamente yo no estoy en buenas condiciones médicas” para permanecer en una cárcel, expresó Marinelli al juez al detallar sus males cardíacos y hasta un posible cáncer de próstata.

El expresidente, de 66 años, denunció visiblemente alterado que “todos sus derechos han sido violados” en este proceso de las escuchas, por el que enfrenta delitos que suman penas de hasta 21 años de prisión de acuerdo a la acusación fiscal.

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